La disposición persigue lograr que la alimentación de los niños y los jóvenes estudiantes esté acorde a las exigencias que les presenta el aprendizaje, pues mientras desarrollan el ciclo de estudios deben estar recibiendo los nutrientes adecuados al esfuerzo que hace el cerebro.
Y aquello se logra con una alimentación equilibrada, que lleve los elementos que el organismo requiere para su mejor desenvolvimiento,  como compensación al desgaste mental de los estudiantes.
Esto no se logra, indudablemente, con la comida ligera, cargada de grasa, de fritos, que se expenden abiertamente propiciando la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, entre otras,  al igual que las bebidas gaseosas tan apetecidas por la población en general.
Sin embargo, su intención es preservar y mejorar la salud de los educandos, a más del control y la obligación a los encargados de los bares de los locales escolares a eximirse a vender estos productos, hay que educarlos para que sepan con certeza cuáles alimentos son los recomendados.
Para ello, la dirección provincial de Educación debería disponer que una nutricionista dicte cursos rápidos e intensivos acerca de la buena alimentación, fijándose, especialmente, las características nutricionales que tiene la amplia gama de productos que se cosechan en nuestra provincia.
Así estaríamos conduciendo mejor el objetivo de lograr una alimentación sana para nuestra niñez, que no se lograría con la sólo prohibición, porque quienes rematan los bares son más comerciantes que salubristas.  
Además que la exclusión quedará sólo al interior del plantel, porque de otra forma sería atentar contra la libertad de los pequeños comerciantes a vender libremente lo que estimen, así como la del ciudadano común a comprar lo que sea de su gusto.