El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, deberá ahora decidir si lo lleva de inmediato a segundo debate o si primero lo socializan en varias ciudades.
En todo caso, tras nueve meses de discusión, anoche se aprobó el documento que cuenta con seis capítulos, 105 artículos, una disposición general, tres transitorias, dos derogatorias, una reformatoria y una final, se dio sin la presencia de la minoría de oposición.
El texto propuesto por el legislador Rolando Panchana (AP) y respaldado por la totalidad oficialista de la Comisión, da paso al controversial Consejo de Comunicación.
La ley, que aún es incierta, pretende según este informe “democratizar” la comunicación y con ello garantizar los derechos ciudadanos previstos en la Constitución y en tratados internacionales vigentes.
No obstante, las minorías de oposición advierten que la regulación limita la libertad de expresión y por tanto constituye una “Ley Mordaza”.
El informe prevé, entre otras cosas, una serie de atribuciones al Consejo Nacional de Comunicación e Información, cuya mayoría estará de lado del Gobierno.
Así, por ejemplo, este organismo llevará un monitoreo técnico de la programación de radio y televisión para determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias.
Además está facultado para emitir un informe vinculante para el otorgamiento de los títulos habilitantes para acceder a las frecuencias y llevará un registro actualizado de los medios de comunicación.
Multas y sanciones administrativas
La ley prevé además multas y sanciones administrativas.
Las multas para los medios serán, por ejemplo, por incumplimiento de su obligación de registrarse en el Consejo de Comunicación, y además por incumplir el derecho a la réplica o rectificación.
También por la trasmisión de programación y promoción de espectáculos públicos que violen la dignidad, reputación, honor e imagen de niñas, niños y adolescentes.
Así mismo se establece multas por incumplimiento de la clasificación de los contenidos y su adecuada difusión dentro de las franjas horarias pertinentes.
En tanto las sanciones administrativas a los medios se impondrán para los que sin título habilitante presten servicio de comunicación audiovisual.
Para este mismo caso se establecerá amonestación escrita publicada en la sección editorial del propio medio de comunicación en el día de mayor tiraje y se aplicará además una multa del uno por ciento del promedio de facturación del medio de comunicación en los últimos tres meses, entre otras.
Oposición sigue renuente
Los sectores legislativos reiteraron ayer su rotunda contrariedad con este informe de mayoría en razón que según ellos violenta el acuerdo político logrado en diciembre.
Alfredo Ortiz (ADE) y Vicente Taiano anticiparon que el voto de todas fuerzas opositoras será en contra del proyecto.
Según Ortiz, el oficialismo intentó “hacer cambios, sobre los cuales los propios asambleístas de PAIS no pudieron llegar a acuerdo”, subrayó y agregó que esa es una muestra que “ahí no hay nada bueno”.

Se mantiene polémico artículo que impone censura

El proyecto mantiene en su artículo 9 el texto de mayor polémica que hace días provocó reacción de indignación.
Esto es, que se garantiza la libertad de pensamiento y opinión, pero enmarcada en “…información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural; en cualquier forma, señas o signos…”. No obstante se deja señalado que “el ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales vigentes y la ley".
La oposición y las instituciones de prensa y periodistas consideran que ese articulado impedirá publicar o difundir los hechos, porque será el Consejo oficialista el que determinará si la información es verificada.
Es decir, si se produce un hecho de corrupción, pero el acusado  no lo admite o no quiere responder a la prensa, no se lo podrá difundir porque no habría sido verificado o contextualizado.
Refiere que las estaciones radiales de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música será producida, compuesta o ejecutada en Ecuador, deberá presentar el cincuenta por ciento de los contenidos musicales emitidos en todos los horarios.
Dice que el Consejo de Comunicación podrá eximir de esta obligación a estaciones de carácter temático o especializado.