La dirigencia indígena anunció que no teme a los procesos legales que se han abierto en su contra por los incidentes registrados en Otavalo, provincia de Imbabura, durante la Cumbre de la Alba.
"Han criminalizado el derecho a la protesta y a la resistencia", indicó Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Asimismo recalcaron que no temen ser apresados y que "defenderán los derechos de su pueblo desde la cárcel".  "Prefiero ir a la cárcel diciendo las verdades que ser acusado por una mentira del Gobierno", expresó Santi.
De su lado, el presidente de Ecuarunari, Delfín Tenesaca, subrayó que las movilizaciones del sector indígena se reactivarán.
"Nosotros vamos a informar todo esto a nuestras bases, ésa será la única cosa que hagamos y estoy convocando a una asamblea nacional para tomar decisiones, ya que esto es simplemente persecución del presidente de la República que pone en juego a la dirigencia indígena", dijo Tenesaca en declaraciones recogidas por radio Sonorama.
La asamblea a la que se convocará al sector indígena, está prevista para la próxima semana en la ciudad de Quito, agregó la emisora.
El sector también denunció que el proyecto de Reformas a la Ley de Hidrocarburos, que llegó a la Asamblea con el carácter de económico urgente, es otra forma de la política oficial: defender sus propios intereses.
"Esto es para legalizar la entrega ilegal del campo Sacha a la compañía Río Napo, porque constituyeron este contrato con el artículo 316 de la Constitución que en ese momento no tenía respaldo legal", indicó Magaly Orellana, asambleísta de Pachakutik.
La Fiscalía de Otavalo inició una investigación fiscal en contra de los dirigentes indígenas por supuesto sabotaje y terrorismo.