Además, dispuso que se "inactiven los pasaportes emitidos" a esas personas y "se proceda a su retiro", así como que se notifique del caso a las organizaciones internacionales para que se incauten los documentos, si los implicados se encuentran fuera del país, informó la institución en un comunicado.
La Cancillería también iniciará "acciones de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que, en sentencia, se extingan los actos administrativos de Declaratoria de Naturalización", en un proceso que, según precisó, no deja "en indefensión" a los afectados, pues "tendrán el derecho a defensa".
La identificación de esos 200 documentos falsos y adulterados son "los primeros resultados" de una investigación en la que, junto a la Cancillería, participan la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) y el Registro Civil.
Esa pesquisa comenzó en abril pasado cuando la Policía desmanteló una presunta red que validaba matrimonios y uniones arregladas de ciudadanos de nacionalidad cubana con ecuatorianos.
Dentro de ese proceso, la SNTG pidió hoy la destitución de dos notarios de la ciudad costera de Guayaquil, que facilitaron, de forma ilegal, la emisión de los documentos irregulares a un grupo de cubanos y "solemnizaron las escrituras públicas" de su naturalización, informó la Presidencia en su portal web.
El secretario nacional de Transparencia (Anticorrupción), Juan Roldán, explicó que los expedientes de naturalizaciones de esos inmigrantes se basan en "uniones de hecho con declaraciones juramentadas inventadas" y aceptadas por los notarios.
La investigación advierte también de "testimonios de testigos falsos y certificados de movimiento migratorio de los ciudadanos cubanos, que demuestran el incumplimiento del requisito de dos años de convivencia" antes de formalizar matrimonios con ecuatorianos.
Según investigaciones de la Secretaría, ratificadas por la Fiscalía, "los dos notarios dieron fe de estos trámites, pese a que los ciudadanos cubanos nunca estuvieron presentes frente a ellos y ni siquiera conocen la ciudad de Guayaquil", añade el texto oficial.
Para la Cancillería, los actos administrativos de los casos con documentos "falsos o forjados" fueron "lesivos", lo que implica que se "consideran dañinos para los intereses públicos", por lo que espera "obtener su anulación ante la justicia", añade su comunicado.
Según afirmó el canciller Ricardo Patiño, estas medidas no afectan al "principio de libre movilidad" que recoge la Constitución del país y se mantendrá "el derecho de los ecuatorianos y de los extranjeros de movilizarse libremente por el mundo, cumpliendo con las normas legales".
Precisó que en el país es "imprescindible" ajustar procedimientos para que "este tipo de casos no vuelvan a repetirse".
"A los extranjeros que soliciten la nacionalidad ecuatoriana se los atenderá con mucho gusto, siempre y cuando, cumplan con los requisitos legales y de ninguna manera en los casos en que, además de no cumplirlos, falsifican documentos públicos", concluyó.