Toda esa terminología engañosa de la revolución y la soberanía alimentaria podrían adquirir significado real si se tomaran las resoluciones apropiadas que signifiquen acción real y no simples declaraciones de intención.

Tal el caso del viejo proyecto de tierras del Estado. Es que a lo largo de su historia, el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía, han acumulado miles de hectáreas de tierras agrícolas que, en la mayor parte de los casos, se encuentran incultas, mientras miles de técnicos agronómicos y veterinarios tienen que conformarse con un mísero sueldo por su trabajo.
Hace mucho tiempo se vio esta realidad y surgió el proyecto de crear la opción para estos profesionales, por la cual recibieran en comodato extensiones de tierras que se encuentren en poder de instituciones del Estado, para que las hagan producir, contando con crédito del Banco de Fomento.
Dentro de la misma línea, se proponía que todo proyecto de producción agropecuaria que se presentara para financiamiento del Banco Nacional de Fomento o de la Corporación Financiera Nacional, fuera colocado bajo la dirección de un profesional agrícola o pecuario, según el caso; ese profesional, obligatoriamente, recibiría una participación porcentual en la producción, sobre la base del incremento de productividad que lograra con la aplicación tecnológica.
En conocimiento de que el volumen de crédito necesario excede a las disponibilidades de las instituciones financieras del Estado, se proponía también lo que se denomina crédito en especies, procedimiento que permite multiplicar la capacidad de cada dólar dedicado al crédito.
El sistema funciona por etapas, así: el comerciante de insumos para la producción recibe crédito para su negocio; el agricultor recibe insumos como parte del crédito y sus notas de recepción sirven para pagar el crédito anterior; el comerciante que moviliza la cosecha recibe crédito en productos cosechados con los que el agricultor pagó su deuda; finalmente, el industrial (consumidor final) recibe crédito en producto entregado por el comerciante y cierra el círculo y cancela toda la operación. El mismo dólar se ha utilizado desde la compra de insumos, hasta la industrialización del producto.
Finalmente, y algo se ha avanzado en este campo, ante las dificultades de comercialización que reducen los precios por concentración del producto en los mercados mayoristas, se propuso que el MAGAP, a través de alguno de sus departamentos, compre las cosechas para fijar los índices de competencia y evitar la explotación por los intermediarios que fijan los precios de ruina, cuando el agricultor no puede almacenar su producto perecible.
Programas sencillos de entender pero que deben ser muy difíciles de implementar cuando no se los ha puesto en práctica, darían significado a la revolución agraria y crearían la soberanía alimentaria que se busca.