En pasado febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Ecuador entre los países que no tienen mayor interés por aplicar políticas oficiales para el control del lavado de dinero y el uso de este para financiar al terrorismo internacional.

Aparentemente esta medida fue impulsada por la ratificación del gobierno ecuatoriano de afianzar sus relaciones con Irán, país al que las grandes potencias occidentales consideran generador del terrorismo mundial, según declaraciones del mismo presidente Rafael Correa.
La ubicación de nuestro país en la lista negra del GAFI le significa una serie de complicaciones internacionales de todos los órdenes, especialmente en lo económico, debido a que el GAFI está integrado por las mayores organizaciones financieras del mundo, y las transacciones que se relacionen con Ecuador recibirán mayores exigencias que las normales, precisamente por la desconfianza de la procedencia del dinero.
De allí la necesidad que el nombre del país sea retirado de la lista, tarea que le fuera encomendada al Procurador General del Estado, quien en Holanda expuso los alegatos necesarios para ello, conociéndose extraoficialmente de posibles resultados positivos.
Sin embargo, el presidente Correa, en la cumbre de los países del ALBA anunció que Ecuador ya había sido excluido, esto a pesar que no hay una confirmación oficial alguna, lo que ha causado cierta confusión y contrariedad en las esferas de la banca nacional, que consideran como imprescindible superar este problema.
Esperamos, esperanzados, que en estos días desde la GAFI se comunique al gobierno la buena noticia, que deberá servir de motivación para que las funciones del Estado apliquen con mayor rigor los procedimientos legales para el control del lavado de dinero y su indebido uso.