En declaraciones concedidas a la agencia oficial Andes y difundidas el domingo, Ortiz señaló que hasta finales de julio deberá ser aprobada en la nación andina una Ley de Deslinde, que establezca "la separación de jurisdicción indígena campesina con la ordinaria".
El funcionario, que participó en la reciente Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas, aseguró que es "urgente" en Bolivia la aprobación de la norma, porque "tenemos 36 justicias indígenas (por sus multietnias) y es muy conflictivo poder controlar las 36 formas de aplicar justicia".
Añadió que al igual que en Ecuador se debe determinar mecanismos de coordinación y cooperación entre los dos sistemas.
Javier Villa Steim, titular de la Corte de Justicia de Perú, admitió que la necesidad de regular la aplicación de la justicia indígena concierne a los tres países.
En Ecuador, un último caso de procesamiento ancestral en la comunidad La Cocha desató polémica luego de que inicialmente los comuneros sentenciaron a un joven, acusado de asesinato, a morir ahorcado.
Aunque la medida fue revisada, el joven y otras cuatro personas fueron sometidas a castigos que fueron criticados por considerarlos atentatorios contra los derechos humanos.
Los implicados de haber participado en el delito de asesinato fueron entregados a la justicia ordinaria, que continúa con las investigaciones, mientras fracasó el intentó por sancionar a los dirigentes de la comuna que ejecutaron los castigos.

Países
participantes
En la cita realizada en Cuenca, Ecuador, participaron las máximas autoridades y representantes de los poderes judiciales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba (invitado), Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela.