Dentro de la serie de justificativos que a diario publicita la “revolución ciudadana” para inculpar a otros estamentos del exagerado y peligroso incremento de la ola delictiva en el país, interesante resulta el informe sobre la conducta y actuaciones de jueces y magistrados penales, y que para bien de la justicia ojalá que estas investigaciones se den en todas las judicaturas del país.

Sería un escenario ideal para que se evidencien actuaciones de muchos malos administradores de Justicia que en realidad sí los hay, pero en la libertad de cientos de delincuentes que han  sido beneficiados con la caducidad de la prisión sin sentencia, el meollo del asunto no sólo recae en los jueces que dan el dictamen final, el entorno tiene  a otros protagonistas que tienen mucho que ver y que son los que generan las causas para la aplicación de este “beneficio”.
En la riposta que hacen los jueces en defensa de sus actuaciones, ellos puntualizan causas y eventuales culpables en la intencionada demora, y allí tiene el ministro de Justicia con el mal a la vista,  para que, si es que realmente se quiere poner coto a estas masivas actuaciones que terminan con la libertad de reincidentes transgresores de la ley;  y,  en muchos casos,  peligrosos y conocidos delincuentes, generar verdaderos correctivos.
Pero mientras la prensa oficial se encarga de satanizar a los jueces del distrito de Guayas, publicitando sus nombres con listados completos de liberados por la caducidad de la detención sin sentencia,  en un verdadero contraste que ya no sorprende a nadie, la “revolución ciudadana” utiliza estos mismos argumentos en esa caja de resonancia del Ejecutivo en que se ha convertido la Asamblea Nacional, para salvar de un juicio político a su ex ministro de OO.PP., Jorge  Marún, con el pretexto  que ya prescribió el término para ejercitar este derecho de los asambleístas.
Todo el país viene presenciando cómo se dilató el pedido de enjuiciamiento desde hace meses, a un ministro que contrató bajo la modalidad preferida de este gobierno, entregó contratos en su gran mayoría a dedo, firmó casi dos mil millones de dólares en obras de construcción de caminos, carreteras, puentes, etc., que en muchos casos, por el alto grado de incumplimiento, por el mal realizado de la obra, reflejan  sólo  atraco y corrupción.
Son estos contrasentidos que desestimulan a la población y el ciudadano se vuelve incrédulo frente a inculpaciones ante delitos de poca monta, mientras a este funcionario que se distinguió por las entregas de anticipos a contratos de hasta un 90% so pretexto de declaraciones de emergencia, el propio oficialismo busca y logra  protegerlo.
Innegable descaro.