Tanto sospechoso como decepcionante resultó ese amasijo que les dio en calificar de “acuerdo ético político”, cuando en diciembre del 2009 el ladino Corcho cerdoso, presidente de la desprestigiada Asamblea, firmó un documento por el que se comprometió con los inocentes (?)jefes de bloque de las diversas bancadas a que no habría representantes del gobierno en ese dogal a la democracia que es el Consejo de Comunicación.

Como era de esperarse, el burlón de Montecristi, recuperado de un mal trance, retornó a su estilo característico y en poco tiempo reajustó piezas flojas o las reemplazó por otras de más fácil enroque, logrando sentirse en capacidad de utilizar su aguijón de escorpión y clavárselo en la humanidad de los “novatos” del pacto, retomando la orden de su bienqueriente jefe y proseguir con la palaciega Ley de Comunicación, que entre sus mañerías impone que esta sea calificada de veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural, estando, además, este Consejo de la Esclavitud integrado por 2 delegados del Ejecutivo, 1 representante del Consejo de Igualdad (del Ejecutivo), 3 representantes de la ciudadanía, designados por el Consejo de Participación Ciudadana (del Ejecutivo), lo que suman 6 de los 7 miembros del perverso Consejo ¡Cuánta insolencia!. Las puertas abiertas para la instauración del totalitarismo.
Este Corcho que sería un personaje repudiado pero impactante en una de las obras del genial Víctor Hugo, no tiene reparo de ninguna naturaleza para cumplir lo que él cree su misión, pero no tiene la capacidad suficiente para asesorarse y conocer que en el mes de octubre del año 2000, el país suscribió la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que en el numeral 7 señala: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. El numeral 8 establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Es evidente la falta de respeto al artículo 424 del mamotreto de Montecristi, porque el mago de la  genuflexión, aún cuando titular, no participó en su elaboración, ya que su lastimera función radicó en levantarse por las madrugadas y contemplar el manoseo de un instrumento que sólo los infames permiten que extranjeros perniciosos y nacionales amanerados lo conviertan en constitución apócrifa.
Claro está que los documentos antes referidos tienen obligación de cumplirse en los países donde está vigente el Estado de Derecho. Mas, ello resulta misión imposible en un gobierno que desde su arranque oficial se inició mediante una clara factura autocrática, por lo que si el pueblo no quiere terminar encadenado como en Cuba, tiene que salir a las calles.