La Corte, cuya sede se encuentra en la capital costarricense, atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad del crimen, así como “la falta de debida diligencia de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones”.
Por estas razones, los jueces reconocieron que tanto la víctima como sus familiares sufrieron cuantiosos daños materiales e inmateriales, en compensación de los cuales el gobierno de Bogotá deberá cancelar a los parientes 340.000 dólares en un plazo máximo de un año.
La sentencia también obliga al gobierno de Colombia a adoptar medidas para garantizar la seguridad de los familiares del senador y a realizar diversos actos dirigidos a restaurar la honra y la dignidad de Cepeda, quien al momento de su asesinato era el único representante de la izquierdista Unión Patriótica (UP) en el Senado de Colombia.
El senador, comunicador social de profesión, fue ejecutado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, presuntamente en una operación coordinada entre el ejército y escuadrones paramilitares de derecha.