"Ecuador es el país con el mayor número de refugiados reconocidos y solicitantes en toda América Latina", explicó la Cancillería en un comunicado al recordar que el 98,5 por ciento de las personas con estatus de refugio son colombianos, que huyeron de su país por las consecuencias del conflicto interno.

Además, precisó que, según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (Cepar) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Ecuador viven alrededor de 135.000 colombianos con necesidad de protección internacional.

En el país andino, el 35 por ciento de los refugiados viven distribuidos entre las cinco provincias fronterizas que Ecuador tiene con Colombia, otro 35 por ciento vive en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y un 30 por ciento en el resto del país.

Entre los años 2000 y 2010, el Gobierno ecuatoriano ha recibido más de 120.000 solicitudes de visa de refugiado, el 90 por ciento de ellas de ciudadanos colombianos.

"El Gobierno tomó la decisión de enfrentar la problemática del refugio colombiano y, en el marco de un irrestricto respeto a los derechos humanos, otorgar protección jurídica y humanitaria a miles de ciudadanos colombianos que se han visto obligados a abandonar su país", señala el texto oficial.

En ese sentido, las autoridades ecuatorianas iniciaron en 2009 un "Registro Ampliado de Refugiados", una política de protección con la que se llevó a cabo una campaña intensiva de reconocimiento y entrega de visas de refugio en las zonas con más incidencia, que finalizó con el registro de 28.000 ciudadanos.

Además, según explica el comunicado, para el segundo semestre de este año, la Cancillería prepara, con la ayuda del Acnur, un proyecto de fortalecimiento institucional y de sus oficinas de atención a los refugiados en las ciudades de Quito, Cuenca y Lago Agrio.

Asimismo, prevé abrir tres oficinas nuevas, en Guayaquil, Esmeraldas y Tulcán, y organizar brigadas móviles de registro, documentación y entrevistas en ciudades como Ibarra, San Lorenzo y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según la Cancillería, desde 2007 el aporte financiero que el Estado ha realizado para la atención de este grupo vulnerable sumó 40 millones de dólares, dedicados a educación, salud, subsidio de combustibles y gas licuado de uso doméstico y administración.