Cinco de los nueve vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión del  pasado 2 de junio, resolvieron incrementarse los sueldos de alrededor de 5.000 dólares mensuales a 6.000 dólares.
La medida también beneficiará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de las cortes provinciales, así como a algunos jefes departamentales,  confirmó el director ejecutivo del CJ, Gustavo Donoso, quien precisó que el incremento se debe a que los anteriores sueldos estaban sujetos en el salario básico unificado de 218 dólares, pero en este año aumentó a 240 dólares.
El incremento que beneficiará a unos 300 de los 4.500 funcionarios de la justicia fue cuestionado por el ex vicepresidente y actual vocal del CJ, Ulpiano Salazar, quien anunció que en lo personal, no lo recibirá y “pediremos que se nos siga pagando la remuneración que percibíamos.
Esta posición fue respaldada por el también vocal de la Judicatura, Oswaldo Domínguez, quien además denunció injerencia de los sindicatos en las autoridades. Los dos funcionarios anunciaron que están dispuestos a renunciar a sus cargos si así  lo solicita la Asamblea Nacional.
“Yo creo que lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura es intolerable”, dijo    la asambleísta de PAIS, María Paula Romo, al invocar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)  agilizar los procesos para nombrar tanto a los vocales de la entidad como al Fiscal General del Estado.
Informó que la Comisión de Justicia, que la preside, remitió una comunicación al titular del Legislativo, Fernando Cordero, para que en la próxima sesión del pleno incluya en el orden del día el análisis de este asunto y “podamos reportarle a los asambleístas la realidad exacta de lo que se vive en el Consejo de la Judicatura”.