En el barrio 13 de Abril, las calles son estrechas. Hay edificios con vidrios de colores y casas pequeñas y con techos de teja. Está cerca de la plaza Urbina, en el centro de Ambato. En los almacenes se vende ropa, zapatos, bisutería y electrodomésticos. También hay tiendas que ofertan víveres.
Según el Departamento de Planificación del Municipio, las casas de los barrios 13 de Abril, Urdaneta, El Ollero, La Floreana, Miraflores Alto, y otros sectores, fueron construidas en laderas.
Luego del terremoto del 5 de agosto de 1949, que destruyó la capital de Tungurahua y otras poblaciones cercanas, el Municipio prohibió edificar viviendas en pendientes. Pero luego, el Concejo reformó esta disposición.
“Cuando construí mi casa no tuve problemas en el Municipio. He escuchado que es una zona peligrosa, pero hasta ahora no ha pasado nada. Acá siguen levantando casas”, señala Rosa Gómez, vecina del barrio 13 de Abril. Ella vive en una vivienda de dos pisos.
Su vecina, Lourdes Pérez, comenta que cuando llueve o se registra un sismo tiene miedo. “En los últimos días, los aguaceros son fuertes. Tengo miedo de que pase algo. Compré el terreno en el barrio, porque estaba barato”.
Para Mariana Ortiz, directora de Planificación, es necesario hacer un estudio para definir las zonas con más riesgo.
“Con estos datos, el Municipio tendría más argumentos para prohibir una edificación y realizar un mejor control”. A más de Ambato, en Latacunga, Riobamba y otras ciudades, también las autoridades buscan actualizar los mapas catastrales y de riesgos.
Por ello, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), con el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) elabora, desde el mes pasado, el Sistema de Información para Gestión de los Territorios, a escala nacional.
Augusto Espinosa, subsecretario de Información de la Secretaría, explica que esto permitirá conocer, a detalle las zonas más vulnerables a un sismo, inundaciones y a otros desastres. Además, los metros cuadrados de las áreas verdes, las hectáreas erosionadas, las áreas más habitadas y las tasas de escolaridad.
En la elaboración de la base de datos participan los técnicos del Instituto Geográfico Militar (IGM), del Centro de Levantamiento de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen) y del Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales (Sigtierras). Esta última entidad entrega datos actuales de cuántos bosques hay en el país y cómo está distribuida la tierra.
Las fotografías se toman desde el mes pasado y estarán listas a finales del próximo año, al igual que los mapas de riesgos. Los datos serán difundidos en el 2013. Las estadísticas y los mapas se difundirán también a través de una página electrónica.En el momento, se difunden los objetivos de este plan, en los cantones.
Bayardo Constante, alcalde del cantón Cevallos y presidente de la regional Sierra Centro de la AME, afirma que es importante que el Gobierno entregue a los organismos seccionales esta información. “Los municipios realizamos cada dos años los catastros. Pero eso es muy caro”.
Víctor Verdezoto, alcalde de Santa Clara, en Pastaza, reconoce que en las provincias de la Amazonía, los municipios tienen problemas para saber cuántas hectáreas existen y los nuevos asentamientos. En su opinión, la principal causa es la falta de recursos económicos para los estudios.
Pastaza es una de las provincias más grandes del país. Verdezoto sostiene que en su municipio no tienen datos de cuántos bosques se han talado, las zonas de riesgo y cuál es el uso del suelo.
Néstor Chávez, técnico del Gobierno Provincial de Chimborazo, considera que estas estadísticas permitirán realizar proyectos. “Podremos planificar con una visión de futuro”.
Fuente: El Comercio