La iniciativa Yasuní-ITT (Ishipingo-Tambococha-Tiputini) es un ambicioso proyecto ambiental ecuatoriano que ha recibido el apoyo de varios países desarrollados, y que presume dejar de explotar un gran yacimiento petrolífero ubicado en una zona de alta concentración de biodiversidad en la Amazonía, a cambio de una compensación monetaria de la comunidad internacional.
Con el proyecto Yasuní-ITT, el Estado ecuatoriano se compromete a mantener indefinidamente sin explotar las reservas petroleras del campo ITT en el parque nacional Yasuní, el cual está en el centro de una zona privilegiada,  en donde los anfibios, los pájaros, los mamíferos y las plantas vasculares alcanzan una diversidad máxima en Sudamérica. El proyecto prevé evitar la emisión de unas 410 millones de toneladas de dióxido de carbono por la no explotación del petróleo, garantizando así la conservación de su biodiversidad y el respeto por los pueblos indígenas en estado nativo que lo habitan.
El Ecuador recibiría, a cambio, una compensación internacional equivalente como mínimo al 50 por ciento de las utilidades que obtendría en el caso de explotar esas reservas. Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos previstos por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2007—2010, tendientes a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana.  El proyecto es posible y sostenible económica y financieramente, lo cual se manifiesta en varios elementos alternativos y adicionales: canje de deuda, conformación del Fondo Yasuní—ITT, construcción del Bono Y—ITT, y valoración financiera y económica de los beneficios por mantener bajo tierra las reservas extraíbles de crudo del campo ITT. 
Dejar el crudo en tierra (846 millones de barriles) es una propuesta estratégica de nuestro país como parte significativa del esfuerzo mundial por combatir el calentamiento global.  A cambio espera el aporte de al menos USD 3.500 millones desde la comunidad internacional (países ricos) que serán invertidos en obras urgentes de desarrollo. Sin embargo, las negociaciones se interrumpieron momentáneamente debido a que el presidente Rafael Correa defendió el derecho del Ecuador a recibir la participación económica prometida por la comunidad internacional y cuestionó la estructura del fideicomiso que se llevaba adelante con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
No obstante, públicamente afirmó que continuará impulsado la iniciativa Yasuní-ITT, pero “sin claudicar la soberanía del país”, que tiene que ver con la supremacía del Estado ecuatoriano sobre otro poder interno o externo, y su independencia política, económica y social en las relaciones nacionales e internacionales.