Según el portal oficial de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno (Interior) "ha dispuesto realizar una exhaustiva investigación para determinar los móviles" del ataque, realizado por desconocidos, después de que los reporteros cubrieran una información en la Asamblea Nacional.
Asimismo, la Presidencia se solidarizó con los trabajadores agredidos a la vez que aseguró que el Gobierno "garantiza y reitera el respeto irrestricto a la libertad de expresión vigente en el Ecuador".
La reportera Ana María Cañizares, integrante del equipo agredido, relató ayer a la emisora Radio Quito que el hecho se produjo luego de cubrir la fallida comparecencia de autoridades de telecomunicaciones al seno del Parlamento, donde iban a explicar la suspensión de tres días aplicada la semana pasada contra Teleamazonas.
Esa comparecencia fue suspendida después de que grupos de oposición protestaran airadamente contra los funcionarios, por lo que el jefe de la Asamblea legislativa, el oficialista Fernando Cordero, aplazó la diligencia.
Al finalizar la cobertura, el equipo de Teleamazonas se dirigía a la sede del canal en un automóvil y unas calles antes de llegar al destino fue interceptado por otro vehículo, del cual salieron dos sujetos que agredieron al camarógrafo y a un asistente, sostuvo Cañizares.
No obstante, el cámara pudo captar imágenes de uno de los agresores durante el ataque, señaló Cañizares, quien añadió que conoce que los directivos del canal denunciarán el hecho ante la Fiscalía.
La reportera dijo desconocer los motivos de la agresión, pero señaló que este tipo de hechos "no pueden amedrentar un trabajo que se hace con responsabilidad".
Por otra parte, abogados de Teleamazonas presentaron ayer ante un juzgado de la Niñez y Adolescencia en Quito un recurso de amparo constitucional en contra de la suspensión de las emisiones aplicada contra el canal la semana pasada por orden de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La frecuencia de Teleamazonas en Quito fue suspendida por 72 horas, entre el martes y viernes de la semana pasada, como sanción por haber reincidido en la difusión de noticias basadas en supuestos.
Un abogado del canal, Pablo Ortiz, durante la presentación del recurso, alegó que la sanción de la Superintendencia violó el debido proceso, además de varios preceptos constitucionales como la libertad de pensamiento y los derechos al trabajo y a la defensa.
Por su parte, el abogado de la Superintendencia de Telecomunicaciones, José Morillo, refutó esos argumentos y aseguró que la sanción se apegó a derecho y al debido proceso, por lo que pidió al tribunal que rechace el recurso presentado por Teleamazonas.
La jueza octava del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Quito, Elena Ortega, que sigue la causa, tiene "dos días laborables", que se cumplirán el próximo martes (por el festivo de año nuevo), para presentar su fallo respecto al recurso presentado por Teleamazonas