Una golpiza de seis policías al ecuatoriano Ángel Bravo fue la carta de presentación dolorosa y grotesca ante otra ecuatoriana, Ligia Guallpa.

Era casi la media noche, el hombre había tomado algunas cervezas y buscaba un baño. Un policía vio que al estar cerrado el baño en la estación del tren de la 74 y Roosevelt, Bravo no se aguantaba e intentó orinar en la puerta. Le pidió la identidad, lo detuvo, lo esposó y minutos después cinco oficiales más se juntaron y le dieron una paliza.

Guallpa entró a la estación después de un día de trabajo como directora ejecutiva de The Latin American Workers' Project. Creyó que la aglomeración de gente era porque había un espectáculo musical, pero lo que vio fue a un hombre tendido que gritaba en español que no lo arrastren por que le duelen los brazos.

“El señor pide que no lo arrastren les dije a los policías. Uno de ellos me gritó ‘cállate’, pero volví a insistir e hice el amago de copiar el nombre del policía. Fue cuando me empujaron contra la pared y me dijeron: tú también te vas arrestada”.

Así empezó una odisea que a Bravo y Guallpa los llevó a la cárcel por varias horas. A él solo lo liberaron después de obligarlo a declararse culpable de varios cargos entre ellos de prostitución, cargo que no cometió. No tuvo derecho a la traducción antes de firmar.

Le dejaron con brazo dislocado, un pie torcido que lo obliga a caminar con bastón y muchos moretones en el cuerpo. A ella le dieron después de casi 24 horas en la cárcel derecho a una abogada que apenas tuvo tiempo tres minutos para escuchar su caso. Fue declarada culpable de obstrucción a la autoridad.

“¿Obstrucción?, solo estaba traduciendo los gritos del señor. Apenas mido un metro 45 cms. ¿Cómo iba a obstruir a esos policías que son unos gigantes? Me usaron para crear miedo entre los ciudadanos. El señor Bravo es cierto que estaba tomado, pero eso no les da derecho a darle una golpiza. Podían llevarlo preso pero sin humillarlo”, dice.

Bravo asegura que después de esposarlo, el policía lo golpeó con una macana de metal. “Pensé que me iban a arrancar los brazos. Me rociaron la cara con gas pimienta. Sentí que me salía fuego de los ojos, supliqué que me echen agua en la cara para calmar el dolor y lo que recibí fue más golpes como si fuera un muñeco”.

Este caso se parece al del cantante de música popular ecuatoriana Geraldo Larco en la ciudad de Belleville, en New Jersey.  El recibió una paliza de un policía el siete de noviembre pasado. Fue una joven ecuatoriana, Verónica Quito, quien también salió en la defensa y obligó a llamar a una ambulancia, cuando el hombre perdió el conocimiento.

Larco ahora está siguiendo a juicio a la ciudad, no está trabajando, sufre de dolores de cabeza, perdió un diente y dejó una deuda de 20 000 dólares en el hospital. La Policía no ha querido dar su versión oficial pero ante el juez acusó al artista de haber querido morder y golpear al policía.

La embajada ecuatoriana en Washington por el caso Larco y ahora por Bravo y Guallpa presentó una nota de protesta al Departamento de Estado. Solicita que se realicen las investigaciones y se sancione a los responsables para que no ocurran más estos abusos.

En el caso de Bravo, la Policía tampoco habló pero le hizo saber al juez que éste ecuatoriano ha sido detenido en seis ocasiones anteriores por delitos menores, todos relacionados con el consumo de alcohol. Bravo no niega esas detenciones.
Guallpa recuerda que les preguntaron si eran documentados, eso en Nueva York es prohibido. “Creo es la estrategia para atemorizarnos y convertirnos en sujetos de deportación”.

“No me siento a mí mismo estoy hundido”, dice Bravo visiblemente nervioso. “Más vale que te calles porque tú estás tras las rejas y yo estoy afuera. Aquí olvídate de los derechos civiles”, le gritaron a Guallpa cuando les dijo que tenía derecho de llamar a un abogado. Esto es suficiente para la organización en la que ella trabaje emprenda un juicio en contra de la ciudad.
 
Un caso que sienta precedentes
 
Tres policías al fin se enfrentarán a la justicia por la muerte del mexicano Luis Ramírez, ocurrida el 14 de julio del 2008, en el pueblo de Shenandoah en Pensilvania.
La demanda viene desde lo más alto del sistema federal de justicia quien escuchó los clamores de las organizaciones de defensa de las libertades civiles por la sistemática hostilidad en contra de los latinos.

El jefe de la policía del pueblo, Matthew Nestor; y, los oficiales William Moyer y Jason Hayes están acusados por obstruir a la justicia en la muerte de Ramírez. La demanda contra ellos detalla que alteraron los informes para cubrir a los amigos y familiares de los jóvenes blancos que provocaron la muerte del ciudadano mexicano.

En la época de la muerte de Ramírez, Hayes mantenía un romance con la madre de uno de los jóvenes acusados del crimen y el hijo de Moyer era amigo de los chicos que le causaron la muerte.

Nestor también enfrentará un juicio por haber tomado parte de la muerte de un adolescente hispano en el 2004 y alterar los documentos para hacer aparecer como un suicidio.

Oscar Paredes, presidente The Latin American Workers' Project dice que tienen contactos y son parte de la red que está llevando a estos policías ante la justicia y que con ese apoyo van a plantear la demanda en contra de los policías de Nueva York que encarcelaron a Bravo y Guallpa.