Las fuerzas políticas representadas en la comisión que tiene asignado el proyecto aprobaron de "forma unánime" retrasar el inicio del debate, que estaba fijado para mañana, jueves, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Fernando Cordero.
Con esta decisión, la comisión, que decidirá mañana cuándo comenzará este primer debate en el pleno, pretende que se "garanticen los derechos de libertad y los derechos ciudadanos de comunicación libre y democrática", agregó.
El proyecto de ley de Comunicación, auspiciado por el Ejecutivo y Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa, ha sido criticado por la oposición como una amenaza a la libertad de expresión y calificado como "ley mordaza".
La relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, expresó su preocupación por varios aspectos del proyecto de ley de comunicación en una carta enviada a la Asamblea Nacional y publicada hoy parcialmente por el diario El Comercio de Quito.
Botero detectó posibles amenazas a las libertades de información y de opinión en el proyecto legal, entre las que señala la posibilidad de que el Estado pueda ejercer la censura previa o que se obligue a los periodistas a tener un título en Comunicación y el registro de medios.
También cuestionó el régimen de sanciones y la autoridad que las aplicará (Consejo de Comunicación), así como la posible intervención en los contenidos de la prensa y los riesgos contra la reserva de la fuente.
Para Botero, las facultades del Consejo representan un riesgo para la libertad de expresión, especialmente por su conformación, con dos delegados del Gobierno, uno de las universidades y tres de la sociedad civil, lo que a su juicio no reuniría las garantías suficientes de "autonomía, independencia e imparcialidad", para aplicar el pliego de sanciones establecidas contra los medios.
Otro de los peligros que detectó Botero es la prohibición de la publicación de cartas y notas sin una firma de respaldo, lo que, dice, puede comprometer la investigación periodística y la publicación de documentos bajo la reserva de la fuente.
Botero recomendó a la Asamblea que revise la Ley "a la luz de los estándares de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos de la región", según el diario.
El proyecto de ley ha levantado críticas de la mayoría de medios de comunicación locales que temen que se pretenda coartar la libertad de expresión.
Aunque sin relación con el proyecto de ley de Comunicación, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Ecuador informó hoy de que dispuso el inicio del proceso de cancelación de los contratos de concesión de veinte emisoras de radio y de cinco de televisión.
El Conatel precisó que en el caso de siete emisoras el proceso de cancelación de la concesión se ha iniciado por haberlas obtenido sin contar con los informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
De otro lado, decidió también iniciar el proceso de terminación "unilateral y anticipada" de contratos de otras 13 concesiones de radios y cinco de televisión que tenían valores pendientes de pago por más de seis meses al 26 de noviembre de 2009.
La decisión se enmarca en el proceso de revisión integral que realiza el Conatel, sobre todas las frecuencias que, con anterioridad, fueron asignadas de forma irregular a radiodifusoras y canales de televisión, finaliza el comunicado.