La oposición de la Junta Cívica de Guayaquil al modelo político implantado por el gobierno de Rafael Correa llegó a instancias internacionales.
El lunes pasado, el abogado de esa entidad, Roberto López, demandó al Estado ante la Corte Interamericana de los DD.HH., en Washington (EE.UU) por supuesta inconstitucionalidad.
Como fundamentos de hecho, López, quien fue asesor de Anabella Azín (Prian) en la Asamblea Constituyente, argumentó violaciones a la Convención Interamericana de DD.HH y a la Carta Política de Montecristi.
Entre ellas, menciona que el ex Tribunal Constitucional se autoproclamó como la primera Corte Constitucional, pese a que la Constitución establece su selección a través de una comisión calificadora.
Menciona como otra violación a la normativa vigente, la aprobación de leyes en un plazo fuera del establecido en la Constitución y la conformación de la Corte Nacional de Justicia con una mayoría de conjueces.
“Eso significa que no existen órganos judiciales en el Ecuador y que ninguno de los derechos garantizados por la Convención de DD.HH tiene una tutela real en el Ecuador”, se menciona en la demanda.
Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica, dijo que el documento tiene dos objetivos. “No reconocer la legalidad de las instituciones que imparten justicia en el país porque son ilegales y plantear la inconstitucionalidad de las leyes que salieron de esas instituciones porque violentaron la Constitución”, expresó.
Por lo tanto si la Asamblea da prórrogas al plazo para la aprobación de leyes, pese a no estar previsto en la Constitución, la Ley de Comunicación, de Minería, de Aguas, son inconstitucionales, acotó.
En los próximos días se conocerá el estado de la demanda ante ese organismo.

Fuente: El Comercio