Los promotores de la visita de Gualinga, que intervino entre otros foros en la UNESCO y en la Maison de l'Amerique Latine, subrayaron "el verdadero peligro" que supone para los pueblos indígenas del Ecuador "el doble discurso" de Correa.
En particular, la asociación se hizo portavoz de las dudas de las organizaciones indígenas sobre ciertas iniciativas gubernamentales como el proyecto medioambiental Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) en el Parque Nacional Yasuní, al este del país.
En un comunicado, consideró, en efecto, "interesante", que Yasuni ITT pudiese permitir "proteger una zona muy rica en biodiversidad y el 45% del territorio indígena del país"
Pero expreso sus dudas sobre "la sinceridad del Gobierno de Correa", y sobre todo el temor de que se abran "nuevos frentes petroleros en los territorios indígenas situados fuera del parque Yasuni".
Recordaron, además, que el territorio de Yasuni está ya protegido "por su estatuto de reserva mundial de la biosfera" y denunciaron que el pasado 8 de mayo, el Gobierno adoptó una Resolución del Ministerio de Minas y del Petróleo que "notifica la reanudación 'de las operaciones estipuladas en los contratos para la explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la región amazónica'"
Es decir, que prepara la reapertura de dichos "bloques" para su exploración y explotación petrolera, lamentaron.
El pueblo Kichwa de Sarayaku, al que pertenece José Gualinga, y que desde hace décadas logra mantener pacíficamente a raya las ambiciones de explotación petrolera en sus territorios, se querelló en 2003 ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), recordaron.
El Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre esta denuncia contra el Gobierno ecuatoriano, por autorizar la implantación de empresas petroleras en su territorio sin el consentimiento de sus pobladores, añadió.
La asociación informó, asimismo, de la apertura de "un espacio de discusiones" entre el Gobierno y las principales organizaciones indígenas del país, como la CONAIE, el pasado 16 de octubre, tras la revuelta indígena contra la ley del agua.
Informaron, asimismo, de que a principios de noviembre la CONAIE solicitó ante la CIDH la presencia de un observador internacional para contar con más garantías de que el Gobierno cumplirá sus compromisos.
Este espacio de negociación podría permitir discutir de proyectos como Yasuni-ITT y obtener garantías para que sus territorios no sean explotados, pues sus pueblos tienen muy claro que no quieren perder su biodiversidad, su hábitat y sus medios de vida en manos de multinacionales petroleras.
El plan medioambiental Yasuní-ITT propone contribuir a la lucha contra el cambio climático dejando intacto, bajo tierra, un importante yacimiento petrolífero amazónico equivalente a más de 800 barriles de petróleo, cuya quema supondría la emisión a la atmósfera de más de 400 millones de toneladas métricas de carbono.
A cambio, el Gobierno ecuatoriano pide a la comunidad internacional que aporte al país al menos la mitad de los alrededor de 700 millones de dólares que calcula obtendría el país andino si explotase dichas reservas fósiles.