El documento fue elaborado por una Comisión del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, tras un pedido del Gobierno.

Así, se menciona que la oferta dada por OCP señalaba que el Estado recibiría una participación sobre los 100 millones de dólares durante el periodo de operación, pero considerando la participación señalada en el contrato, la misma no superaría ni los 20 millones de dólares, implicando una diferencia de más de 80 millones.

Otro problema es el alza en el costo de construcción y operación del oleoducto, que subió de 899 millones de dólares a 1.100 millones, y culminó en 1.418 millones.

Además, menciona que existió una política económica direccionada para la construcción de la obra ,cuyo contrato fue suscrito entre el Estado y OCP Ecuador el 15 de febrero del 2001 con vigencia de 20  años, Diario El Universo.

El objetivo de ese interés fue potenciar la explotación de las compañías privadas para lo cual se hicieron reformas legales que viabilizaron la ejecución de la obra.