El presidente del Consejo Administrativo de la iniciativa, Roque Sevilla, afirmó hoy durante una rueda de prensa en Bruselas que esperan que la comunidad internacional llegue a un acuerdo para luchar contra el cambio climático, que incluya compensaciones económicas por las "emisiones evitadas", que es uno de los puntos fuertes del proyecto ecuatoriano.
Según explicó, actualmente sólo existen bonos por la "reducción de emisiones" de CO2, tal y como prevé el protocolo de Kioto, pero en Copenhague podrían ser respaldadas propuestas como la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (REDD), que persiguen evitar la tala de bosques para recortar también emisiones.
En su opinión, esa idea ya es un avance, aunque el proyecto Yasuní-ITT va más allá y busca no sólo no deforestar sino no explotar un yacimiento.
"No existe en el mundo una sola ley sobre cómo no explotar un yacimiento", comentó Sevilla, en plena gira europea para explicar el proyecto y lograr apoyos.
Por otro lado, la reunión de Copenhague puede ser clave si, como está previsto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concreta allí la creación de un fondo fiduciario que gestione las aportaciones internacionales que solicita Quito para dejar sin explotar el campo ITT, en el parque natural Yasuní.
Ese bosque, declarado Patrimonio de la Biosfera por la Unesco en 1989, concentra una alta biodiversidad y alberga a grupos indígenas en aislamiento voluntario.
Ecuador llegó a un acuerdo con el PNUD para crear un fideicomiso internacional que capte los 565 millones de dólares anuales que considera necesarios durante los próximos trece años para compensar la no explotación de ese yacimiento, que de producirse liberaría a la atmósfera unos 407 millones de toneladas de CO2.
Ese tiempo es el que estima que tardaría en completar su explotación y 7.200 millones de dólares los beneficios que cree que retribuiría al país.
La propuesta consiste en que la comunidad internacional haga una aportación en proporción del PIB de cada país, que en el caso de España ascendería a un total de 240,8 millones de dólares, unos 18,5 millones al año.
Tanto España como Alemania (hasta 50 millones de dólares anuales) se han mostrado dispuestos a colaborar, mientras que Francia (al que se pide 36 millones), Suecia (5 millones) y Bélgica (6 millones) ven "interesante" la propuesta, mientras que otros países como Reino Unido (36 millones) ya han declinado su participación.
Ecuador, cuya principal fuente de financiación es el petróleo (es el quinto productor americano, con una oferta de casi 500.000 barriles diarios), se ha planteado lograr al menos la mitad de su objetivo, 350 millones de euros anuales, antes del fin de 2010, para seguir adelante con la iniciativa.