Nino Poggi, gerente general de la empresa, señaló que las afirmaciones de las autoridades del Miduvi en el sentido que el contrato fue terminado de manera unilateral el 21 de septiembre del presente año es falso, porque el 30 de septiembre del año pasado, la relación contractual terminó de mutuo acuerdo.
"Es decir hace un año que ya no existe ningún lazo entre nuestra empresa y el Miduvi, pero ellos de manera arbitraria pretenden cobrar los 3 millones de dólares que la empresa entregó como garantía en noviembre del 2006", dijo.
Fue por esa razón que la empresa interpuso una medida precautelar preventiva en el Juzgado Segundo de lo Penal para evitar que la secretaría de Estado cobre los valores señalados; en la audiencia realizada el lunes, el juez Arturo Mera levantó la medida precautelar, reconoció la terminación del contrato de mutuo acuerdo e invitó a las partes a alcanzar acuerdos en la sala de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.
La empresa Poggi fue adjudicada para la construcción del encauzamiento de las quebradas Montesanto y Galápagos en el 2006, el compromiso era de terminar la obra en un año, pero según la contratista, varios problemas como falta de expropiación de los terrenos, rediseño del proyecto, impidieron que esto se cumpla.
El encauzamiento fue contratado por 6'999.316,74 dólares; el anticipo de 3'140.002 dólares lo recibió en noviembre del 2006.

Inspección judicial
Ayer, por pedido del Juzgado Segundo de lo Civil, fue realizada otra inspección judicial a los trabajos inconclusos.
Julio Cevallos, perito del juzgado, dijo que tiene 10 días de plazo para emitir un informe sobre el porcentaje de avance de la obra.
Del recorrido participaron técnicos del Miduvi y Municipio de Portoviejo.