Santi y Patricia Gualinga, también de Conaie, hicieron esta petición en una audiencia sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 16 de octubre representantes del Gobierno ecuatoriano y de la Conaie instalaron una mesa de diálogo, entre otras cosas para conversar sobre el proyecto de la Ley de Aguas, que fue el motivo de las protestas callejeras en las que murió un maestro, miembro de la comunidad Shuar, y otras 40 personas resultaron heridas.
En la audiencia, David Cordero, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) explicó que el Gobierno no consultó a las comunidades indígenas en varias ocasiones en las que impulsó nuevos decretos y leyes, como fue el caso de la ley minera.
La aprobación en enero de esta ley generó fuertes protestas de organizaciones de derechos humanos, comunidades campesinas e indígenas que demandaban el cumplimiento de los derechos indígenas incluidos en la nueva Constitución y la consulta previa a estos pueblos, recordó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que participó también en la audiencia.
Los peticionarios quisieron evidenciar ante los comisionados de la CIDH las diferencias existentes entre los derechos indígenas reconocidos en la nueva Constitución y las leyes y prácticas de rango inferior, especialmente aquellas que regulan la extracción de recursos naturales, en su mayoría en territorio indígena.
El líder indígena expresó su preocupación por el hecho de que haya leyes que afecten a los territorios de los indígenas y a su espacio de vida, y pidió que las mesas de diálogo que se están constituyendo tengan "veedores" internacionales como la CIDH.
En declaraciones a Efe, Santi explicó que la presencia de un observador de este organismo, que podría ser el relator para los Pueblos Indígenas de la CIDH, Víctor Abramovich, permitiría tener un testigo de lo acordado en las mesas de diálogo y garantizar que se implemente efectivamente.
Santi señaló que en las mesas, que son temporales, se tratan 14 leyes, de las que preocupan especialmente a las comunidades indígenas las referentes al Código Territorial, la ley de biodiversidad, la reforma agraria y la soberanía alimentaria.
Gualinga, por su parte, instó a la CIDH a que emita cuanto antes el informe de fondo sobre el caso Sarayaku sobre el otorgamiento de una concesión petrolera en el territorio de la comunidad sin consulta previa y sin su consentimiento.
Los peticionarios recalcaron que el informe de fondo del caso sería un avance importante para reiterar las obligaciones del Estado ecuatoriano en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas.
Mario Guerrero, de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del Gobierno, destacó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dispuso mediante decreto la instalación de un diálogo permanente con organizaciones que representan a los indígenas, lo que demuestra su "voluntad extrema" por cumplir con todos los principios constitucionales, resaltó.
Destacó, además, que hay un proyecto de ley de participación ciudadana que busca evitar cualquier tipo de situaciones conflictivas como las que ha habido, y recordó que se están reformando reglamentos internos sobre la ley minera para garantizar el derecho de participación.
"Existe la voluntad política de incorporar y arrancar el proceso de diálogo a nivel nacional", aseguró.
El Gobierno de Ecuador recordó que recientemente ha invitado a Abramovich para que visite el país y verifique in situ la situación de los pueblos indígenas en el país.