La reforma salió adelante con los votos del gobernante Partido Socialista (PSOE), que fue apoyado por los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de Coalición Canaria (CC) y de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU).
En contra votaron el conservador Partido Popular (PP), la principal fuerza de la oposición, así como varios partidos de izquierda y la pequeña formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD). A partir de la aprobación de la ley, que ahora pasará al Senado (la Cámara alta), los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 días actuales.
Este punto ha sido duramente criticado tanto por Amnistía Internacional (AI) como por organizaciones de inmigrantes.
Éstas habían solicitado el cierre de los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIR) existentes en el país, además de reclamar la regularización de los inmigrantes sin papeles, independientemente de si tienen un contrato de trabajo o no.
La reforma también endurece los requisitos para el reagrupamiento familiar, que queda limitado a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España". La nueva ley además permite a las distintas comunidades autónomas así como a organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a España. El PP anunció que anulará la reforma de llegar nuevamente al poder, al considerar que ésta no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular.