Dozinger presentó en Washington un documento de 154 páginas en el que revela que Wayne Hansen, una de las dos personas que aparecen en el vídeo fue condenado en 1986 por conspirar para importar 124.000 kilos de marihuana y sentenciado a dos años y ocho meses de prisión.
"Lo importante de este informe es saber quién hay detrás de la grabación de los vídeos y qué le movió a hacerlo", dijo Dozinger, quien señaló que Hansen se presentó como "un buen samaritano", que actuó por responsabilidad civil contra la corrupción en Ecuador y ahora "resulta que no es tan buen samaritano".
Los vídeos, grabados en mayo y junio, muestran reuniones entre el empresario ecuatoriano, Diego Borja, que los demandantes han vinculado laboralmente con la petrolera, y el estadounidense Hansen, con tres supuestos representantes del Gobierno y el juez.
En las conversaciones grabadas de forma clandestina aluden a un posible trato de tres millones de dólares, a repartir entre los demandantes, la Presidencia y el juez, a cambio de dictar una sentencia condenatoria para Chevron.
"No sabemos qué sucedió y queremos que las autoridades investiguen lo que pasó", dijo el abogado, que denunció que la compañía ha "escondido información" sobre el caso.
Dozinger consideró "sorprendente" que la petrolera colgara el vídeo en su página web en vez de recurrir a las autoridades y que guardara durante meses el contendido de las cintas que fue revelado en agosto, lo que arroja "serias dudas" sobre la "credibilidad de Chevron", agregó.
El abogado señaló que los días siguientes a la divulgación de los vídeos se demostraron una serie de inexactitudes y señaló que la compañía no ha facilitado los brutos de los vídeos con las grabaciones completas.
Además, si se demuestra su implicación en la trama de sobornos, Chevron podría haber violado la de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a los empresarios y compañías de EE.UU. que operen fuera del país que traten de sobornar a las autoridades locales.
La compañía, que heredó el caso en el año 2001 cuando compró Texaco, afronta una demanda de 27.000 millones de dólares por los daños ambientales que supuestamente causó la petrolera en la Amazonía ecuatoriana y sus pobladores mientras operó en esa zona entre 1972 y 1992.
El Grupo de Defensa de la Amazonía, que representa a los afectados, denuncia el aumento de los casos de cáncer entre los pobladores de la región donde operó la compañía y el éxodo de algunas comunidades indígenas huyendo de las aguas contaminadas.
La compañía sostiene que no son responsables de estos daños ya que antes de abandonar el país invirtieron 40 millones de dólares para limpiar las piscinas de petróleo en la zona en la que operó Texaco y obtuvo la certificación del Gobierno ecuatoriano