"Creemos que las marchas de las universidades suelen ser como una luz amarilla, una alerta al Gobierno para que enmiende rumbos y cambie políticas que creemos que son lesivas para la responsabilidad social de la universidad", afirmó Vega tras recordar la oposición del sector a un proyecto de ley de Educación Superior del Gobierno.

En una entrevista con Teleamazonas, Vega aseguró que no se tratará de una marcha "belicosa" por lo que esperan "no ser reprimidos", y apuntó que "la alerta de la marcha es una forma de obligar a ciertos sectores intransigentes, una forma elegante de decir que negociemos y dialoguemos".

La movilización de mañana en Quito, hasta el palacio de Gobierno, ratificará la oposición académica al proyecto de ley promovido por la Secretaría Nacional de Desarrollo (Senplades) que, según afirmó Vega, daña la autonomía universitaria y permite "una ocupación" del Ejecutivo de los órganos de control de las universidades.

Otro de los motivos de las protestas, que se suceden desde hace más de dos meses, es que el proyecto de ley oficialista se ha elaborado sin la participación de todos los actores implicados.

Vega dijo que, tras el anuncio de esta movilización, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (Parlamento), encargada del debate de la nueva ley, pidió a los rectores la designación de tres representantes para la creación de una delegación de trabajo conjunto entre el Gobierno, la Asamblea y las universidades.

"Es un avance importante", afirmó Vega, pese a reiterar el llamamiento a la movilización.

Sin embargo, la Presidencia recoge que la formación de esa delegación "tripartita" habría sido la conclusión de una reunión que mantuvieron ayer algunos rectores con el presidente Rafael Correa.

De acuerdo con Vega, los rectores que se reunieron con el mandatario y que "tomaron partido por la propuesta de la Senplades", "son una minoría".

"Varios" de los rectores no asistieron a la reunión, "porque nos parecía que era mejor debatir después de la marcha", afirmó, y se quejó de que el Gobierno convocara a un diálogo, que las universidades piden "desde hace seis meses", dos días antes de la movilización nacional.

Correa declaró tras la reunión de ayer que "la universidad puede contar con el apoyo del Gobierno Nacional" y descartó que el Gobierno "sea el enemigo de la universidad".

No obstante, adelantó que la marcha convocada para mañana "tendrá los permisos y la seguridad necesaria", recogió la Presidencia.

Ante las protestas de los actores universitarios, el Gobierno defiende que es necesaria una "revolución universitaria" y que el Estado recupere el rol "de generación de política pública y de regulación del campo de la educación superior".

Además, apunta a que las protestas se producen porque hay sectores tradicionales que, con la nueva ley, van a perder "sus privilegios".