El ánimo de cambiar el Código Penal y al Código de Procedimiento Penal  recientemente reformados, se reactivó una vez la bancada del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, planteó reformas para que la estafa y el hurto  se consideren delito de acción pública, actualmente de acción privada.

Además la propuesta pretende establecer la “detención obligada” para garantizar la comparecencia del acusado en la etapa de juicio.

Según la propuesta “si el acusado tuviera ordenada la prisión preventiva en su contra el juez de garantías penales la cambiará por la detención obligada, al momento de dictar el auto llamamiento a juicio”.

Cynthia Viteri de ese bloque legislativo cuestionó las reformas que hiciera el Congresillo hace aproximadamente siete meses que cambio de delito a contravenciones de cuarta clase al hurto y el robo, cuando el valor de las cosas sustraídas no pasen de tres remuneraciones básicas unificada del trabajador en general”.

Según Viteri la aplicación de estas reformas no han producido resultados y han contribuido a una crisis de la seguridad interna en el país, obligando al Ejecutivo a tomar medidas según ella “desesperada” como declarar por sesenta días el estado de excepción, sin suspensión derechos, en Quito, Guayaquil y Manta” con la posibilidad de que se extienda a otras ciudades.

Mauro Andino (PAIS) de la Comisión de Justicia de la Asamblea se mostró partidario de una reforma penal que reduzca el monto para establecer el delito de robo y hurto. Según él la base podría ser de 100 dólares.

El asambleísta también plantea que los delitos menores vayan a manos de jueces y los de mayores a autoridades de instancias superiores.

“Pretendemos descongestionar una gran cantidad de expedientes que están en manos de fiscales”, subrayó y alertó falta de colaboración de los operadores de la justicia, como también de la ciudadanía que no presenta con tiempo las pruebas.

Henry Cuji (ADE), vicepresidente de la Comisión de la misma aceptó que las reformas penales hechas por el Congresillo, más allá de la buena fe no han dado resultado y es necesario hacer reformas. Declaró que el monto para establecer un delito de robo y hurto podría ser desde los 200 dólares.

Vicente Taiano aceptó como “error” del Congresillo las reformas penales y coincide que la galopante delincuencia requiere de medidas judiciales efectivas.

No obstante todos comparten que más allá de leyes penales la delincuencial se asienta en un problema  estructural: la pobreza, para lo cual la solución es la creación de empleo.