Tras casi 20 horas de debate, la cámara alta convirtió en ley un proyecto que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).

Mientras el oficialismo interpretó hoy que la ley aprobada permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.

"Entendemos que esta ley permitirá democratizar de forma definitiva los medios en el país", indicó el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, después de que el Senado concluyera su maratoniana sesión.

"La hicimos revisar por más de 80 foros, en audiencias públicas, y le realizamos más de 200 modificaciones. Se consultaron a tantos constitucionalistas como fueron necesarios para que el Parlamento discutiera una ley que estuviera a la altura de los argentinos", destacó.

Tras calificarla de "seria, respetuosa y consensuada", el jefe de los ministros sostuvo que en poco tiempo "se verán con satisfacción los frutos" de esta nueva norma y se vanaglorió por el hecho de que el Gobierno de Cristina Fernández logró lo que administraciones anteriores no pudieron.

"Todos los presidentes desde la recuperación de la democracia (1983) habían presentado proyectos y ninguno lo pudo llevar a la práctica. Nosotros sí", dijo.

En la vereda opuesta, Ernesto Sanz, senador de la Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria del país, consideró que la nueva ley provocará una "catarata de litigios" y aseguró que el Gobierno se apuntó una victoria para sí pero dejó al país con una norma "casi impracticable".

"A partir de esta sanción mucha gente se sentirá perjudicada. Las tachas de inconstitucionalidad y las violaciones a los derechos protegidos por la Constitución la van a convertir en una ley litigiosa", subrayó el senador.

Afirmó que la norma aprobada por el Parlamento "no es la que necesita" el país y se lamentó por la imposibilidad de los legisladores de "hacerle modificaciones para enriquecerla".

"Ganaron en el Senado, pero la ley está tan mal hecha que va a ser de dudosa aplicación", insistió.

Dirigentes de otras fuerzas políticas que rechazan la ley señalaron que se pondrán a trabajar para que la norma sea revisada después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y el oficialismo pierda la mayoría propia en el Parlamento.

Con 44 votos a favor y 24 en contra, el Senado dio el visto bueno a la ley después de 14 horas de debate, tras lo cual la norma fue discutida artículo por artículo durante casi seis horas más, hasta que fue aprobada sin modificaciones, como pretendía el Gobierno.

La sesión del Senado, en presencia de 68 de sus 72 miembros, fue seguida con expectativa en las afueras del Parlamento por grupos políticos y sociales afines al Ejecutivo, que celebraron la aprobación de la ley.

La oposición apostaba en la cámara alta a captar el voto de legisladores que aprobaran la ley en general pero que desearan cambiar los artículos más polémicos del proyecto.

Los artículos en cuestión son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al período que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.

Varios legisladores pidieron que las empresas tuvieran tres años en vez de uno para desprenderse de radios y canales de televisión, de modo de adecuarse a la nueva legislación.

El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.

Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.

En tanto, las compañías españolas Telefónica y Prisa controlan el canal de TV abierta Telefé y la bonaerense Radio Continental, respectivamente, mientras que en distintos medios de televisión y radio hay presencia de capitales mexicanos y estadounidenses.