Chevron considera que se debe remover a Núñez "por el enorme caudal de evidencia que demuestra su parcialidad a favor de los demandantes y su asistencia a reuniones indebidas con personas implicadas en un esquema de soborno de 3 millones de dólares", señala un comunicado de esa compañía.

"Esos motivos son suficientes para que sea separado en forma definitiva, sin más incidentes ni intentos para recuperar su credibilidad, cosa que ahora es imposible", dijo James Craig, asesor de comunicaciones de Chevron Corp. para América Latina, según el comunicado remitido a Efe.

Núñez insistió ayer en separarse del caso hasta que quede completamente demostrado que no incurrió en ningún delito, según Pablo Fajardo, uno de los abogados de los demandantes, pero para Craig, ese pronunciamiento es sólo una estrategia.

"La empresa considera que su insistencia de separarse del caso es sólo una táctica para ganar credibilidad y finalmente permanecer como juez de la causa", indicó.

Craig agregó que "a Chevron se le está denegando los derechos a una justicia imparcial y al debido proceso, los cuales son garantizados por la Constitución (ecuatoriana)".

Núñez ya había presentado hace algunas semanas ante la Corte Superior de Justicia de la provincia de Sucumbíos su petición para inhibirse de seguir con el caso, luego de que Chevron presentara unos vídeos en los que advertía de la supuesta participación del juez en una trama de presunto soborno, en perjuicio de la petrolera.

No obstante, esta semana, la Corte de Sucumbíos rechazó la primera petición de Núñez y le conminó a retomar el proceso, que se encuentra en las etapas finales y próxima a la fase de sentencia.

Núñez ha rechazado las imputaciones de Chevron y calificado los vídeos presentados por ésta como una "trampa", que supuestamente busca dilatar el juicio y evitar una eventual condena.

Indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana acusan a Chevron de causar graves daños ambiental y sociales en esa región, durante las dos décadas en que extrajo crudo de la zona, entre 1972 y 1992, por lo que demandan indemnizaciones por 27.000 millones de dólares, algo que rechaza esa empresa.