Así lo confirmó Humberto Cholango, dirigente de la organización Ecuarunari, en un debate en radio Quito con el secretario nacional del Agua, Jorge Jurado, en el que ambos explicaron los diferentes puntos de vista que tiene cada sector ante el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Nacional.

A juicio de Cholango, la propuesta oficialista, "a título de que no existe un derecho comunitario", da el control del agua a una "autoridad única" estatal que no "da garantías al funcionamiento de los sistemas comunitarios".

Las comunidades creen que es "fundamental" elaborar una nueva ley de aguas diferente a la propuesta por el Gobierno porque consideran que ésta propugna "la privatización" del recurso natural, aseguró Cholango.

Además, enfatizó que el reparto del agua actual es "inequitativo" pues, según él, "el 1 por ciento de los ecuatorianos controla el 64 por ciento de las aguas".

Subrayó que la nueva ley prioriza las "autorizaciones de aprovechamiento económico de las aguas para la generación de energía eléctrica o hidrotérmica" y de los proyectos de minería y que "ese es el tema de fondo" de sus protestas, que tal y como anunciaron, comenzarán el próximo domingo cuando prevén "paralizar el país".

Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) coincidió con el reclamo indígena de "lograr equidad en el desarrollo y el acceso al agua" y resaltó que el Gobierno también es contrario a la privatización.

Por ello "se ha declarado que el agua solo puede ser utilizada de forma pública o comunitaria", añadió.

Ante el rechazo indígena del uso de fuentes de agua para proyectos mineros, Jurado intentó diferenciar ambos aspectos y puntualizó que, el Gobierno, consciente de que esa actividad extractiva conlleva uso de agua, introdujo regulaciones para un manejo "adecuado".

Además, ante la denuncia de la privatización del recurso a través de las hidroeléctricas, Jurado aseveró que esas empresas son en su mayoría proyectos estatales, que en su ejercicio terminan por devolver el agua a su cauce sin causar perjuicio a los habitantes del sector.

Jurado reconoció que, tradicionalmente, en el país ha existido "acaparamiento" del uso del agua, pero diferenció esa realidad con una "privatización" y adelantó que la Senagua trabaja para evitar ese proceso.

Además, invitó a los indígenas a "un debate público", "punto por punto", al asegurar que "los puentes están tendidos".

Fuente:  EFE