La semana pasada, cuando quiso ingresar a su lugar de trabajo, le dijeron que por habérsele caducado el contrato, ya no era parte de la entidad. Esto provocó que Aldaz amenazara con enjuiciar a la institución por considerar que se habían vulnerado sus derechos, y más aún cuando se encuentra en periodo de lactancia. Ella es parte de las 347 personas que a quienes en junio se les terminó el contrato de prestación de servicios con el Consejo Provincial de Manabí, y de los cuales 116 ya volvieron a sus puestos o fueron incorporados a otras áreas de la entidad. Nuevas competencias Gustavo Delgado, director administrativo del Consejo Provincial de Manabí, señaló que la Constitución entregó nuevas competencias a la entidad (ordenamiento territorial, vialidad rural, gestión ambiental, gestión productiva, riego y relaciones internacionales), por lo que era necesario readeacuar al estructura de la institución de acuerdo a la ley. "Estos correctivos se tenían que tomar antes que los alcaldes que ahora son parte del Consejo Provincial asumieran sus cargos", dijo. En el caso de Aldaz, respondió que no sabía si la volverán a contratar, porque el personal debe cumplir con determinados requisitos. Añadió que ninguna de los otros despedidos ha seguido juicio, pero que Aldaz es libre de hacerlo si considera que sus derechos han sido vulnerados.