Mery Zamora, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), confirmó que la protesta se efectuará pese a las amenazas del Gobierno, que advierte con sanciones y despidos por el abandono de sus funciones. Zamora precisó que la UNE ha insistido durante un año para que el Gobierno se "siente a dialogar con los actores de la educación para ver la salida de sus necesidades", pero que como respuesta sólo han obtenido "represión, persecución e insultos". En Manabí, ayer cientos de maestros, simpatizantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) volvieron a protagonizar una nueva jornada de protesta en las calles de Portoviejo, en rechazo a las nuevas disposiciones que el Gobierno está aplicando al magisterio. Los manifestantes se reunieron en una asamblea provincial donde ratificaron el paro indefinido que adoptarán desde hoy. Luego con voces de protesta y pancartas marcharon hasta el edificio de la Dirección de Educación donde quemaron llantas. El presidente del gremio, Esteban Basurto, indicó que hoy los docentes irán a los establecimientos educativos, pero no ingresarán a las aulas. Según Basurto, este es sólo el inicio de una guerra para defender los derechos de los maestros y de la educación manabita y del país. La directora provincial de Educación, Marlene Jaramillo, indicó que el Ministerio de Educación dispuso que a los maestros que paralicen sus actividades se les descuente el día de trabajo, máximo hasta tres días. De exceder este límite de días se les abrirá un sumario administrativo y serán separados del magisterio. Jaramillo explicó que los encargados de este control serán los supervisores de educación de cada zona. El ministro de Educación, Raúl Vallejo, advirtió que la movilización de los educadores es ilegal. "La disposición es que mañana (hoy) es un día normal de clases y (...) todos los maestros tienen el deber de asistir a trabajar normalmente", indicó. En caso de incumplimiento, dijo, se entenderá como una falta grave y se aplicarán sanciones que pueden llegar a la destitución del cargo. Gobierno aplicará "MANO DURA" El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunció que la Policía Nacional aplicará de manera profesional las medidas disuasivas que correspondan contra los maestros, sin caer en provocación ni represión. Recordó que el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución prohíbe la paralización de servicios públicos, como la “vulneración” de la educación gratuita. Manifestó que la marcha de los educadores no cuenta con autorización alguna. Dijo que en estas circunstancias, los órganos competentes: la Policía Nacional e intendencias tendrán que actuar para precautelar el orden público. “Esperamos que la disuasión entre en razón” subrayó y limitó las protestas a dirigentes del magisterio quienes, según él, desde hace tiempo tienen derecho a comisiones de servicios, situación que los “blinda” de sanciones administrativas. “Quienes sí están en riesgo son los maestros en general”, aclaró. Jalkh insistió que el deber de la Policía es precautelar el derecho al libre tránsito en calles y avenidas. “De haber interrupciones o toma de calles la Policía sabrá tomar las medidas correspondientes”, agregó. Asimismo, recordó que las personas son responsables por sus actos y en este caso los profesores están infringiendo la ley. El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunció que la Policía Nacional aplicará de manera profesional las medidas disuasivas que correspondan contra los maestros, sin caer en provocación ni represión. Recordó que el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución prohíbe la paralización de servicios públicos, como la “vulneración” de la educación gratuita. Manifestó que la marcha de los educadores no cuenta con autorización alguna. Dijo que en estas circunstancias, los órganos competentes: la Policía Nacional e intendencias tendrán que actuar para precautelar el orden público. “Esperamos que la disuasión entre en razón” subrayó y limitó las protestas a dirigentes del magisterio quienes, según él, desde hace tiempo tienen derecho a comisiones de servicios, situación que los “blinda” de sanciones administrativas. “Quienes sí están en riesgo son los maestros en general”, aclaró. Jalkh insistió que el deber de la Policía es precautelar el derecho al libre tránsito en calles y avenidas. “De haber interrupciones o toma de calles la Policía sabrá tomar las medidas correspondientes”, agregó. Asimismo, recordó que las personas son responsables por sus actos y en este caso los profesores están infringiendo la ley. El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, invocó ayer a los profesores que eviten acciones que configuren despuésmedidas administrativas y que podrían confluir en destituciones.