Progreso que lo ha erigido como el paladín de la democracia, con una Constitución que ha resistido al paso de los gobiernos y con enmiendas elementales para hacerla viable. Viable, tanto que la diferencia, muy notablemente, con las que han regido en Latinoamérica, donde las constituciones se han sucedido de acuerdo a las conveniencias de los gobernantes de turno, por la inestabilidad social, la escasa cultura y la pobre educación democrática. Educación democrática que pareciera ser la rectora de la justicia en EE.UU., con tan amplio espectro que en algunos casos nos parece incomprensible por la diferencia de costumbres, modo de vida y conceptos sobre libertades y derechos ciudadanos, equilibrados con las obligaciones para que los cambios de gobiernos sean solo de personas y programas, no de principios ni de legislación. Legislación que se abre como abanico porque el país es un conjunto de estados autónomos, cada uno autorizado a expedir sus propias leyes que no deben violentar a la Constitución. Debido a ello, mientras en un estado existe la pena de muerte, en otro es rechazada; si en un estado es prohibido portar armas, en otro las puede llevar y a la vista de todos. A la vista de todos, como el caso último sucedido en la ciudad de Phoenix, Arizona, cuando al menos doce manifestantes que portaban armas cerca de una sala de convenciones donde hablaba el presidente Barak Obama, uno de ellos con un rifle de asalto colgado de su hombro, no fueron arrestados porque una ley de ese estado permite portar armas si no están ocultas. Cosa curiosa. Cosa curiosa, como la insensibilidad de una jueza de Texas, que prohibió que una oficina permanezca abierta unos minutos más del horario de las cinco de la tarde, impidiendo recibir una apelación a la sentencia de muerte de un reo que, por ello, fue ejecutado esa misma noche. La jueza está siendo investigada por su actuación. Actuación o enfermiza pasión al exhibicionismo, como la de un juez de la Corte Suprema de Justicia, que tratando de que se ratifique una sentencia de muerte a quien nuevas pruebas pueden salvarle la vida, ha dicho que la Constitución no prohíbe la ejecución de inocentes. La Corte dispuso la recepción de las pruebas. La intención de estas líneas es resaltar que las contradicciones e injusticias que pudieran existir pueden ser dilucidadas o comprobadas gracias al sistema de respeto a los derechos ciudadanos y a las libertades individuales que se encuentran solo en un verdadero estado democrático.