Es inadmisible que por el interés particular de alguien, personal o institucional, en “defensa” de sus intereses publique y pregone, sin recato alguno, llamadas y cuestionamiento que, de lleno, van contra las garantías ciudadanas que están tipificada en la Constitución de la República. Y todo mortal debe saber, y más las autoridades judiciales, que no hay ley, reglamento o disposición administrativa alguna que atente, expresamente, contra lo que la ley suprema, la Constitución, manda. La llamada central de riesgo que se maneja desde años a través de la Superintendencia de Bancos es una tenaza que, en forma deliberada y mal aplicada, condena civil a la muerte comercial a un ciudadano. Esto lo ha manifestado el Presidente Correa desde la campaña Presidencial, hace más de dos años antes de ser Presidente; algo está pasando que no se supera esta perversa aplicación que tiene como aliado ilegitimo al Estado con un Gobierno de turno, que en la práctica deja que las cosas sigan como antes. Es racional que la Central de Riesgo crediticio del Estado deba existir, pero no tener al Estado como su socio estratégico para presionar pago alguno, ya que para esto están los tribunales de justicia que, mal o bien, en el mundo entero son los llamados a condenar en sentencias ejecutoriadas pagos o insolencias crediticias. La Superintendencia de Bancos solo allí es que debe hacer constar la solvencia de algún ciudadano, y no como ahora que cualquier hijo de vecino se le ocurre enviarlo a la Central de Riesgo, llámese o no entidad legal o fantasma de crédito. Debe modificarse el Código Civil; de acuerdo a la Constitución, de hoy y de ayer, nadie puede estar sobre ella. Actualmente se cree, equivocadamente, que alguien que demanda tiene el derecho de publicarlo como le da la gana, sin esperar la sentencia ejecutoriada. Igual pasa con la sola citación publicada en forma antijurídica, ya que se debe observar el reglamento y leyes de la citación a seguir el proceso judicial de declarar la insolvencia de alguien. Actualmente, en forma satánica se ha hecho creer que la Citación publicitaria en forma indebida es causa final de insolvencia, cosa que no es así; es apenas la aspiración de alguien de seguir otro proceso jurídico ya con sentencia ejecutoriada. La banda quebrada corrupta y que hizo cogobiernos, caso Previsora y Filanbanco, cuyos brazos ejecutores aun están libres en leyes y reglamentos, hizo abuso y medio; es hora de que el Presidente y la Asamblea Legislativa terminen este carnaval de arbitrariedades. Todo mundo está obligado a cumplir la Ley Suprema, que es la Constitución vigente.