La cantidad ofertada será de dos cargos de crudo tipo Oriente, de 360.000 barriles cada uno. La nueva operación se llevará a cabo después de que el ministro de Minas y Petróleo, Derlis Palacios, afirmara que en el anterior remate, que no obtuvo ninguna oferta, la compañía europea pudo haber influenciado a otras empresas para que no participaran. Según Palacios, "parece que hubo una influencia de Perenco hacia las otras compañías, con amenazas incluso, lo cual sería terrible para el país". Perenco fue sometido a un proceso de coactiva (apremio) porque no había pagado una deuda, establecida en la denominada Ley 042, que obligaba a las operadoras privadas a entregar al Estado el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta del crudo ecuatoriano, debido a su alto precio. La compañía francesa no efectúo ningún planteamiento para saldar dicha deuda, por lo que se dispuso el embargo y posterior remate del crudo de la compañía hasta la recuperación total de la suma adeudada más los intereses. El pasado febrero, Palacios ordenó a Petroecuador adoptar las acciones previstas por la Ley, para la recuperación del adeudo, a pesar de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde Perenco había interpuesto una acción contra la Ley 042, dispuso suspender la acción coactiva iniciada por Petroecuador. Según las autoridades ecuatorianas, la acción de embargo y remate es procedente, debido a que la decisión del Ciadi es posterior a la acción legal emprendida por el Estado