Actualizado hace: 4 horas 46 minutos
Ricardo Trotti
Movilizaciones antidemocráticas

El video póstumo del abogado Rodrigo Rosemberg, que acusó a la Presidencia de Guatemala de ser responsable de su asesinato, arrastró al presidente Álvaro Colom a incurrir en un grave abuso de autoridad: organizó una marcha masiva con sus partidarios políticos y empleados de la administración pública, para contrarrestar una protesta legítima de la sociedad civil que grita por más justicia y menos impunidad.

Martes 26 Mayo 2009 | 21:27

Este recurso utilizado por Colom es habitual entre otros gobiernos latinoamericanos. Las contramarchas o movilizaciones de auto apoyo gubernamental, como también las organizan Hugo Chávez, Daniel Ortega y Cristina de Kirchner, entre otros presidentes, buscan neutralizar protestas públicas de oponentes; intimidar a disidentes, creando inseguridad para desmotivar futuros reclamos; mostrar o medir fuerza política; y polarizar, lo que atomiza a la población que se ve obligada a escoger entre estar a favor o en contra, todo o nada, sí o no. Las contramarchas son antidemocráticas desde su concepción. El derecho de reunión, explícito en todas las constituciones del continente - junto a los de la vida, expresión, justicia y libre asociación - es un derecho de la persona como individuo, y el Estado, como entidad jurídica, no lo puede asumir como suyo, sino garantizarlo, defenderlo y protegerlo. Sobre este deber de protección del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo de febrero contra Venezuela en materia de libertad de expresión - lo que puede ser extrapolado al derecho de reunión – manifestó que si bien los gobernantes pueden expresarse libremente (o promover una manifestación) tienen más restricciones y responsabilidades que los individuos, ya que no pueden menoscabar las garantías individuales. Las contramarchas suelen tener además tres características que las desacreditan institucionalmente. Dilapidan recursos públicos, utilizan fuerzas de choque para atemorizar y promueven métodos propagandísticos anti minorías. Valen estos ejemplos. Se calcula que el presidente Colom gastó casi un millón de dólares para convocar a miles de funcionarios partidarios electos de todo el país a su movilización y así debilitar los efectos del video de Rosemberg. Es conocido que el chavismo venezolano, el sandinismo nicaragüense y el kirchnerismo argentino reclutan fuerzas de choque - camisas rojas, consejos del poder ciudadano y piqueteros - para contrarrestar manifestaciones en su contra. Aunque las contramarchas no son ilegales, porque no hay leyes que las reglamenten, prohíban o condenen, demuestran la debilidad del gobierno, siendo ética y democráticamente reprobables. Los Congresos deberían ser los encargados de fiscalizar a los gobiernos que las organizan, porque derrochan recursos que pertenecen a todos los ciudadanos; porque masifican a las mayorías violentando a las minorías; y porque polarizan y atomizan, motivando a que seamos cada vez más apáticos y descreídos de las instituciones democráticas.
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