En Manabí porcentualmente son 3.154 los profesores que han sido convocados a rendir la prueba de evaluación interna y que les vale el 50 por ciento de la calificación total, para posteriormente acudir a la evaluación externa con un puntaje similar. Esta disposición del gobierno tiene cono contrapunto la oposición del organismo clasista del magisterio nacional, la Unión Nacional de Educadores (UNE), cuyos principales han anunciado su rechazo a la manera cómo se quiere aplicar la prueba y promover plantones generales, acogiéndose al derecho a la resistencia. La ciudadanía ha visto con buenos ojos que al fin el gobierno se interese por la calidad de la enseñanza, pero, igualmente, demanda que las acciones a realizar sean de transparencia y sin intenciones ocultas como las denunciadas por la UNE, en el sentido que lo que el gobierno desea dejar sin trabajo a miles de profesores para ocupar esas vacantes con militantes de Alianza PAIS. Si bien es cierto que la educación de los ecuatorianos ha dejado mucho que desear, es obligatorio que las medidas de encauzamiento lleven todo el respeto a los derechos constitucionales de los profesores, especialmente cuando el mismo presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización del Congresillo ha manifestado que no procede cancelación hasta que la ley respectivamente sea reformada. Esta diferencia de apreciación y el anuncio de la FEUE a respaldar a la UNE deben ser consideradas para que el proceso sea lo más claro y legal, alejando nubes de enfrentamientos posteriores.