En el caso de Portoviejo, ha provocado mucho malestar el traslado de oficinas, que antes tenían como sede a la capital manabita, hacia Ciudad Alfaro, en Montecristi. En el caso de Machala, tal como lo ha precisado su alcalde Carlos Falquez, se rechaza la designación de la ciudad de Loja como sede de la Región 7, que integran la provincia homónima junto con El Oro y Zamora Chinchipe. "Debe ser Machala", dijo Falquez sobre la sede. Por otro lado, en Santa Elena, el prefecto electo, Patricio Cisneros, rechaza integrar la Región 5 con Guayas, Bolívar y Los Ríos. "Queremos nuestro desarrollo independiente, sin necesidad de integrar regiones como las que plantea la Senplades", fue su declaración publicada ayer en diario Hoy. Caso portovejense Mientras Falquez defiende la postura machaleña, en el caso de Portoviejo, el alcalde electo Humberto Guillem dice que no hay que preocuparse, pues las que se trasladan son oficinas de entidades no tan representativas como la Gobernación, direcciones de Salud, Educación o del Seguro Social. Ante esto, Mauricio Montesdeoca, en su calidad de presidente de la Junta Cívica del Pueblo mencionó a Manavisión que el alcalde electo, "tenga o no la razón", deberá defender y liderar una postura portovejense. Asimismo, señaló que dialoga con varios dirigentes barriales, para definir cuál será la estrategia a seguir en esta defensa. Adelantó que se proyecta una marcha, pero no se ha definido fecha ni hora. Pierde Manabí La comisionada Tatiana Hidrovo en una edición anterior, manifestó a este medio que si Portoviejo deja de ser sede de entidades, se rompe el funcionamiento de Manabí. Explicó que Portoviejo por ley es la capital manabita, pero eso no la obliga a ser sede de instituciones, pues no está normado; no obstante, por tradición histórica lo ha sido. También aseveró que esa situación ha marcado el funcionamiento de los demás cantones en torno a su capital, que a su vez depende de este aspecto burocrático para incentivar su actividad comercial. Por lo tanto, si deja de ser sede institucional, condición adquirida de hecho (más que de derecho), habrá un negativo impacto económico y social.