Liderados por Néstor Cano, presidente del Comité Central de Trabajadores, los más de 150 empleados públicos gritaban consignas en contra del Gobierno. La servidora municipal Ángela Briones señalaba que el Decreto 1701 es inconstitucional porque viola los derechos laborales de los sindicalistas. Briones teme perder conquistas laborales como la transferencia y transmisión de cargos a familiares en caso de jubilación o fallecimiento, las contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones complementarias o especiales y cesantías privadas o adicionales, entre otros. Mientras obstaculizaban el tránsito en las calles Pedro Gual y Ricaurte, Antonio Macías, informaba que el 27 de mayo participarán en Quito en una marcha nacional y que el 30 de mayo se analizará si se realiza una huelga para exigir que se derogue decreto, que está en vigencia desde el 30 de abril. Hoy presentarán una demanda ante la Corte Interamericana de Justicia.