Eran tan desvergonzados los rufianes que fungían de jueces que no tenían un ápice de remordimiento cuando fallaban en contra de la sociedad que estaban obligados a proteger, y por eso condenaban al inocente y premiaban a pillos ampliamente conocidos. Claro que cuando los delincuentes tuvieron al frente jueces probos y rectos que cumplen su papel de guardianes de la justicia, que resguardan la sociedad de los estafadores, son tan íntegros que no se impresionan por las amenazas ni les importa los peligros que acarrea juzgar a malhechores de la más baja ralea; y, claro, con esta clase de jueces los delincuentes se volvían histéricos, se trastornaban, pero al final iban con sus huesos a la cárcel. Es que no hay mal que dure cien años. Hoy pasa increíblemente lo mismo, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo. Es que la delincuencia, igual que el cáncer, no se ha podido extirpar con la ciencia. Y como las epidemias virulentas que atacan desprevenidas a una comunidad, los delincuentes a veces inventan refinadas formas de robo. Pero la sociedad, a diferencia del cáncer, si tiene, supuestamente, una vacuna o un antivirus para impedir que el atracador se salga con las suya: la justicia. El problema es quién la administra. Entonces, igual que en los tiempos de Capone, ciertos jueces, que por sus fallos se han convertido en la práctica en socios de los bandoleros, de los estafadores y de los traficantes, permiten que la justicia, la vacuna antidelicuencial de la sociedad, se transforme en una bomba. Por eso la justicia, en manos de un incompetente, de un truhan disfrazado de juez, causa el mismo efecto que una granada de guerra en las manos de un niño. Y otros dan la impresión que son elefantes entrando a una cristalería. Son, pues, tumores vivientes de la sociedad. Por cosas así, en Sullana, Perú, se formó la asociación civil Justicia sin corrupción, y en una nota de prensa para referirse a un juez dice “que sus resoluciones son “prevaricantes” que agravian en forma artera a la sociedad sullanense. Otro hecho característico es lo abusivo de su comportamiento con la parte agraviada saliendo siempre en defensa del delincuente común. Es decir, el ciudadano perjudicado que acude al sistema judicial peruano a buscar justicia es agraviado dos veces: uno por la delincuencia común y luego por la Función Judicial. Saque Ud. sus propias conclusiones.