Mientras, el periodista Freddy Aponte, quien también estuvo aproximadamente noventa días preso, lleva ya seis meses sin trabajo. Los casos enunciados constituyen un claro ejemplo del acoso judicial del que son objeto los periodistas, de cara a la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que es mañana. Chacaguasay Flores, quien actualmente cumple una sentencia de diez meses de reclusión, sostiene que “en este país, publicar las denuncias de corrupción es un delito”, relata, al tiempo que manifiesta que "por denunciar a los jueces corruptos de la Corte Provincial de El Oro", se encuentra privado de su libertad. Nelson Chacaguasay escribió para este medio su testimonio desde el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, donde cumple una condena de diez meses de prisión, acusado de calumniar al juez de Machala, Silvio Castillo, a quien vinculó con supuestos actos de corrupción. El periodista está recluido desde el 5 de diciembre del año pasado. En tanto, Freddy Aponte Aponte, quien recuperó su libertad el 28 de enero tras cumplir tres de los seis meses de su sentencia, dijo -vía telefónica-, que actualmente está sin trabajo, y que el dolor más grande lo pasó tras las rejas, cuando murió su padre, a los ocho días de haberse entregado a la justicia. Aponte recuerda que un 27 de enero la directora de radio Católica le notificó que no podía regresar al programa, porque el medio se enfrentaba a presiones de orden político. "Fui condenado a seis meses, de los cuales cumplí tres antes de ser liberado, por una querella interpuesta por el ex alcalde de Loja, Bolívar Castillo, quien se dio por aludido durante una entrevista en la que supuestamente lo acusé de ladrón". Castillo reclamó una indemnización de un millón de dólares, pero el juez sentenció a Aponte a pagar 54 mil dólares que, según dijo el entrevistado, los pagará el "30 de febrero", es decir nunca, "porque no tengo con qué pagar". En ambos casos, los condenados insisten en que son víctimas de la venganza de funcionarios públicos a quienes la labor informativa de los periodistas les pareció demasiado incómoda. Despenalizar leyes Haciéndose eco de estos casos, el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC por sus siglas en inglés) remitió, hace varias semanas, una carta al presidente de la República, Rafael Correa, en la que le insta a despenalizar las leyes de difamación vigentes en el país. Según la organización, ambos periodistas han sido “víctimas del exorbitante castigo” que las leyes de difamación penal ecuatorianas aplican a supuestos crímenes de opinión. Dilema ético de los medios Garantizar el derecho fundamental a la información veraz e imparcial y defender la subsistencia económica y hasta la integridad personal y la de la familia, es un dilema ético que todos los días deben enfrentar los empresarios de la comunicación. Consultado sobre este aspecto, el director de El Diario, Pedro Zambrano Lapenti, indicó que "el mejor negocio para un medio es dedicarse a conciencia al periodismo. Eso es lo que paga en el largo plazo. Y si el negocio está en marcha no tiene por qué haber presiones económicas y por lo tanto no se llega a la autocensura o a comprometer la línea editorial". Dicho criterio es respaldado por el presidente Ejecutivo de diario Hoy, Jaime Mantilla, quien sostiene que "los empresarios que están inmersos en esta actividad, jamás deben incursionar en otros negocios que puedan restar independencia al medio que representan". Mantilla señala que el secreto para que un medio sobreviva, sin comprometer su independencia, es la “confianza del público”.