Agentes de la Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) lanzaron gases, perdigones y dirigieron vehículos antimotines contra un grupo de manifestantes que pretendió vulnerar las vallas de seguridad para intentar abrir paso al grueso de la marcha hacia la sede del Parlamento. Antes del incidente, el alcalde mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, denunció como "provocadora" la presencia policial y militar, con la cual el Gobierno evitó esos desvíos e incidentes con los participantes en las adicionales marchas oficialistas, que también recorrieron el centro de la ciudad. Ledezma había anticipado a los periodistas que intentaría "negociar" con los agentes para que se permitiera que la marcha opositora rematara su recorrido en la sede del Legislativo. Algo que no fue compartido por dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la principal organización sindical opositora. Froilán Barrios, secretario ejecutivo de CTV, recordó que la actividad fue convocada por su organización y no por dirigentes políticos. "Nosotros vamos a llegar hasta el punto referente (autorizado); aceptamos que toda la sociedad civil, así como los partidos políticos (...) puedan participar, pero nosotros decidimos hasta dónde vamos. La marcha la dirigimos nosotros y es responsabilidad nuestra", afirmó. El general Alirio Ramírez, a cargo de los soldados de la GN que reprimieron la marcha, dijo a los periodistas que "un grupo compacto" de participantes en ella "arremetió violentamente y rompió la barrera" de seguridad, y que se actuó en previsión de que "con esa misma violencia" arremetiera contra sus hombres. "Hemos estado aquí garantizando y cumpliendo el derecho que tienen las personas a manifestarse", pero este grupo opositor "transformó la marcha pacifica en violenta", destacó, sin dar cuenta de heridos o detenidos, aunque las imágenes de televisión mostraron a algunas personas con principios de asfixia. El alcalde caraqueño sostuvo luego que fueron recibidos con una "salva" de perdigonazos y se preguntó: ¿Hasta cuándo el pueblo va a aguantar esto; hasta cuándo va a tolerar?". La marcha, en la que destacaron carteles con el rostro del líder opositor Manuel Rosales, que esta semana logró que Perú le concediera asilo político tras rehuir un proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito, al que tilda de "persecución política", concluyó tras los incidentes. El líder del partido Acción Democrática (AD), Ramos Allup, dijo que se trató de una represión "brutal" ordenada por Chávez, su ministro del Interior, Tarek El Aissami, y el alcalde del distrito Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez. "Que no crea Jorgito y el ministro del Interior, que junto a Chávez son los que mandan a reprimir con sus pandillas (...), que el pueblo va a dejar de salir a la calle, que es la única arma que tenemos y que más miedo les genera", sostuvo Allup. "Cumpliendo órdenes del canalla mayor (Chávez), empezaron a disparar, (porque) quieren darles la razón a quienes dicen que aquí no hay salidas democráticas y a que este Gobierno hay que tumbarlo como sea, cosa que nosotros no compartimos", agregó. También tildó al gobernante, al ministro y al alcalde de "gallinas, bandidos y bandoleros" y remató sobre la década de Chávez en el Gobierno: "Ya tenemos diez años aguantando la peste del cochino, la peor enfermedad que tiene este pobre país". Ningún participante o autoridad calculó cuántas personas secundaron la marcha opositora y tampoco la oficialista, que se espera concluya al anochecer tras un discurso de Chávez, aunque la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) dijo que ha sido "escasa la concurrencia de opositores" convocados por la CTV. EFE