En la misiva, según Falconí, la ministra dice que "los estudios que actualmente realizan peritos ecuatorianos y alemanes sobre esta materia permitirán absolver interrogantes técnicas para iniciar una discusión mundial, patrocinada por Alemania, sobre el proyecto Yasuní-ITT". Además, expresa la aspiración de su país de que la conclusión de los estudios se concrete con "la ejecución efectiva del proyecto ambiental ecuatoriano". El apoyo del Gobierno alemán, a juicio de Falconí, se "hace eco del objetivo de Ecuador de proteger su medio ambiente", ya que el proyecto "evita la explotación de combustibles fósiles en áreas intangibles, de alta sensibilidad biológica y cultural". El proyecto ambiental se asienta en el Parque Nacional Yasuní, una región selvática de la Amazonía ecuatoriana donde habitan grupos indígenas que prefieren vivir en situación de aislamiento. Se calcula que el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que se encuentra en el parque Yasuní, contiene reservas de crudo por cerca de 1.000 millones de barriles, cuya explotación supondría para Ecuador ingresos de más de 700 millones de dólares al año. Ecuador ha solicitado a la comunidad internacional que le compense con la mitad de ese dinero por no explotar el yacimiento y conservar la rica biodiversidad de la zona. Falconí recordó también que la Amazonía es "el pulmón más importante del planeta y donde se genera la mayor cantidad de agua dulce", por lo que insistió en la importancia que tiene el proyecto ambiental para la humanidad. "Se trata de evitar la afectación a un ecosistema constituido desde 1979 como Parque Nacional y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera", añadió. Apuntó que las reservas de crudo del ITT se encuentran "bajo una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, que alberga no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados". "El proyecto evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y los efectos de la deforestación causada por la explotación petrolera", detalló. Por esas razones, enfatizó Falconí, el proyecto es una estrategia "éticamente relevante", que "propugna la protección a la forma de vida de pueblos originarios en aislamiento voluntario, así como el derecho de Ecuador a implementar modelos de desarrollo sustentables". La iniciativa fomentará también "la conservación y la regeneración de los ciclos vitales de la biodiversidad, de los ecosistemas y del agua", concluyó Falconí.