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Santo Domingo
No aparecen en la lista

Hólger Triviño revisó dos veces uno de los listados pegados en la pared trasera de un banco.

Lunes 22 Julio 2019 | 11:00

 El exobrero de la empresa Furukawa recorrió con el dedo la nómina de personas que desde el próximo mes recibirán una liquidación por los años que trabajaron en la abacalera. 

Su nombre no estaba en esa lista, pero sí en la otra. En esta última la compañía nombraba a quienes “no conocía”, sin embargo, habían llenado el formulario para exigir sus derechos laborales. Es decir, es como si no hubieran trabajado nunca para Furukawa.
El hombre no podía creer lo que estaba viendo. Tenía en sus manos una carpeta con el membrete de la empresa, más de 50 hojas en la que estaba su firma como constancia del número de días que había laborado él y unos 50 compañeros en una de las haciendas en Malimpia (Quinindé).
“Me saqué el aire ocho años para Furukawa y ahora no aparezco en la lista, dicen que no me han visto nunca, cuando yo era jefe de grupo y tengo las pruebas”, denunció.
La semana pasada fue la cuarta vez que acudió a la puerta trasera de un banco para exigir su liquidación. 

Casi pierde el brazo. Luis Merizalde no tiene documentos como pruebas, pero sí la evidencia de su brazo destrozado y un dedo mutilado. Fue maquinista de uno de los campamentos ubicados en la parroquia Monterrey. 
Casi pierde su extremidad cuando una fibra se enredó en la máquina desfiladora. Sucedió en el 2012 y no pudo trabajar durante casi dos años. “Esa vez no me reconocieron nada y ahora tampoco consto en la lista de los que les van a dar algo”, indica.
Simón Bolívar Cabezas ha viajado desde Muisne a Santo Domingo tres veces para llenar formularios con la esperanza de que la compañía japonesa le reconozca los 20 años que laboró como tusero (pelaba el tallo y sacaba la fibra). Tampoco corrió con suerte. Él dice que se siente como un mendigo que deambula en busca de respuestas. “Furukawa nunca nos dio nada y lo más seguro es que nunca lo haga”, lamenta. 
Su compañero, Dífer Quiñónez, tiene 72 años. Asegura que trabajó desde el 2000 hasta 2014 para la compañía. Tampoco estaba en el listado. “Ahora dicen que no conocen a nadie”, protesta. 
Aunque a él la compañía no lo recuerde él no olvida los nombres y apellidos de los empresarios japoneses que le daban órdenes.
Este medio buscó una versión con Ronald Pilamunga, director provincial del Ministerio de Trabajo y Alexandra Anchundia de la Defensoría del Pueblo. Ambos dijeron que estaban impedidos de dar entrevistas.
 
Un informe. El 18 de febrero del 2019, la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó un informe en el que se develaron graves vulneraciones de derechos a familias (la mayoría afrodescendientes) que trabajaron durante los últimos 56 años en las haciendas de abacá de la empresa. 
Según el informe, al menos mil personas fueron sometidas a condiciones de servidumbre de la gleba, una figura que las Naciones Unidas reconoce como una de las formas de esclavitud moderna.
Adrián Herrera, representante legal de Furukawa, dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional que “el dinero que se les ha entregado a algunos de ellos, que han firmado contratos de trabajo, son básicamente anticipos de sueldo”. 
Según un comunicado emitido por el Gobierno “más de 1.400 personas han sido atendidas gracias a un trabajo articulado basado en el diálogo, el consenso y la gestión” y enumera las acciones ejecutadas para dar una “solución integral” a las necesidades de los extrabajadores de haciendas abacaleras. La primera, la sanción de 177.840 dólares y dos órdenes de clausura por 60 días a la empresa Furukawa, medida que fue levantada a los 90 días y otras como la entrega de kits de alimentos, bonos y cédulas para quienes no constaban en el Registro Civil. 
Mientras tanto, los “ex Furukawa” han tenido que vender sus pertenencias para costear los pasajes para los trámites de reclamos de sus derechos y aguardan porque la compañía retribuya su esfuerzo de años.